Quito, 19 de enero de 2009
Al igual que la mayoría de la población ecuatoriana y de colectivos y movimientos sociales, las organizaciones de Derechos Humanos hemos defendido y luchado por la posibilidad de construir Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades...
, anhelo que ha sido plasmado en la Constitución ecuatoriana.
La realización de este sueño, de construcción de una sociedad más justa y equitativa, de un modelo de desarrollo basado en el respeto a la naturaleza y a la dignidad humana requiere también la construcción de una democracia que permita escucharnos entre quienes lo compartimos; una democracia mediante la cual, el ejercicio del poder no sea la imposición y la fuerza, ni el diálogo y la toma de decisiones a puerta cerrada.
Con los mismos argumentos de desarrollo y progreso con que inició la era petrolera, hoy en día, el Gobierno sostiene su decisión de implementar la minería metálica a gran escala. Se pretende que esta actividad extractiva y sus impactos en el ambiente, en el agua, en las poblaciones campesinas e indígenas y en la población en general, sean "el bajo precio" que el país pague por un desarrollo que ya no se dio durante cuatro décadas de explotación petrolera.
Frente a la minería a gran escala, las poblaciones campesinas y ancestrales (indígenas y afroecuatorianas) han asumido la defensa del ambiente y sus derechos, cuestionando la extracción de recursos naturales como forma de desarrollo, poniendo en debate los paradigmas de riqueza y pobreza, el asistencialismo versus la autogestión, el trabajo minero dependiente versus las actividades tradicionales autónomas.
Preocupa que el Gobierno no sólo ignore los argumentos y demandas provenientes de los movimientos sociales sino que criminalice, estigmatice, denigre y reprima a las comunidades y a sus dirigentes.
Ante la violencia y represión vividas en las últimas semanas en la zona sur del país, a partir de las manifestaciones populares que rechazan la propuesta de Ley Minera oficial, las organizaciones firmantes tenemos la obligación de expresar al país, lo siguiente:
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