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Manifiesto en Defensa de la Vida y del Agua

Colectivo Urbano por la Defensa de la Vida y el Agua

Quito, 27 de septiembre de 2009

Después de aprobada la Constitución, observamos que la formulación de las leyes en vez de hacer realidad los principios de plurinacionalidad, participación, sumak kawsay, derechos de la naturaleza... Comienzan a negarlos, en favor de un modelo de desarrollo caracterizado por la profundización de un tipo de produción que nos mantiene en condición de proveedores de materias primas y dependientes del gran capital internacional.

Este modelo productivo se basa en la expansión ilimitada y a dedo de la frontera petrolera; en la inauguración de una nueva era minera; en el encadenamiento agroproductivo con las empresas transnacionales agrícolas, acaparadoras de semillas e intensivas en agroquímicos; en los biocombustible y en la venta de servicios ambientales. La implementación de este modelo conlleva, como consecuencia inevitable, la destrucción de la naturaleza, de los pueblos y sus culturas, las descampesinización y la crisis alimentaria.

Esto se está implementado desde una concepción limitada y estrecha de la democracia, caracterizada por la ausencia de mecanismos para que la participación pueda traducirse en toma de decisiones, quedándose limitada a la simple consulta y apoyo incondicional al gobierno. Esto es muy diferente a la perspectiva de democratización y justicia social que los movimientos sociales han impulsado desde hace 30 años.

Como resultado de esta visión estrecha de democracia y economía se están aprobando leyes como la de minería, soberanía alimentaria, seguridad pública y actualmente la ley de aguas.

Esta ley en lugar de liberar los caudales de agua, actualmente acaparadas en pocas manos, no adopta medidas para desprivatizarla y al contrario se incorporan nuevos mecanismos que profundizan la privatización existente, al permitir la transferencia de usos y aprovechamiento del agua junto con la tierra e incorporando al agua dentro de los mecanismos de mercado de los servicios ambientales. Por otro lado, no se garantiza la participación y control social del agua. Omite cualquier tipo de sanción por contaminación del agua y se permite la afectación de fuentes de agua y el cambio de la prioridad en el uso en función del interés nacional, definido por el presidente. El derecho humano al agua lo reducen al consumo humano y al uso doméstico, con lo que no toman en cuenta la integralidad de este derecho, vinculado con la soberanía alimentaria, la salud y cultura de los pueblos.

Finalmente, rechazamos, el autoritarismo y el racismo que el gobierno está utilizando para deslegitimar las luchas populares y tratar de oponer a unas organizaciones con otras.

Por estas razones nos adherimos a las movilizaciones de protesta planteada por la CONAIE y otras organizaciones campesinas y del agua de todo el país.

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