"Yo, la peor de todas..." Manifiesto de la Marcha Digna

Las organizaciones de DDHH, sociales, Ongs y de Trabajadoras Sexuales del Centro Histórico a la Comunidad quiteña, nacional e internacional

Quito, 1 de agosto de 2003

 

Hace un año y ocho meses, debido a la inseguridad reinante, el Municipio de Quito ordenó la clausura de las "casas de tolerancia" ubicadas en la zona de la "24 de Mayo", medida apoyada por la ciudadanía y en especial por los moradores de dicho sector que -sin embargo del objetivo buscado- dejó sin solución un problema social, humano y laboral de corresponsabilidad compartida entre autoridades y sociedad: la situación de las trabajadoras sexuales.

El no concretar la alternativa de la REUBICACIÓN a las trabajadoras sexuales desalojadas, no acabó con los que viven y se enriquecen a costa del trabajo sexual de cientos de mujeres, es decir los dueños de esos locales, porque pueden desplazar sus negocios a otros sitios de la ciudad y con nuevas mujeres en zonas clandestinas, mimetizadas o maquilladas, de comercio y ejercicio de la prostitución. La clausura de los locales y el desalojo realizado, únicamente significó condenar al eslabón más débil de esta problemática social: ellas.

Fueron víctimas invisibles de esa decisión las trabajadoras sexuales, las más vulnerables y discriminadas de entre todas las mujeres de nuestra sociedad, a quienes los personeros municipales hicieron la promesa hace 1 año y 8 meses de reubicarlas en otro sitio de la ciudad, y cuyo desafortunado incumplimiento ha generado, por un lado, el ahondamiento progresivo, que hoy llega a niveles alarmantes, de las condiciones sociales, económicas, de salud, sicológicas y humanas de las más de cuatrocientas mujeres trabajadoras sexuales del centro histórico de la capital, las mismas que -debido a la falta de un local donde puedan trabajar para obtener sus ingresos económicos- no pueden llevar el alimento ni educar a sus hijos e hijas. Y, por otro lado, ha significado que las comunidades aledañas del centro histórico vivan en zozobra, responsabilizando de ésta no a las autoridades y los dueños de los locales cerrados por la inseguridad y el afeamiento de su barrio, sino que inculpen a las más débiles: las trabajadoras sexuales del centro de la ciudad.

La medida tomada por las autoridades municipales no solucionó la problemática de inseguridad e imagen negativa del sector de la "24 de Mayo", sino que ha agudizado la confrontación entre las comunidades barriales y las trabajadoras sexuales que laboraban en los locales clausurados, pues ellas se han visto en la desesperante necesidad de tener que trabajar en las calles aledañas a ese sector, exponiéndose a ser privadas de su libertad, a la constante persecución y extorsión por parte de miembros de la Policía, a ser víctimas de asaltos y violencia delincuencial, a sufrir las inclemencias del tiempo, y a soportar la discriminación e intolerancia de los moradores, pues al no haber apoyado como organización de trabajadoras sexuales las acciones propuestas por los dueños de las "casas de tolerancia" clausuradas que pedían la reapertura de las mismas, y al haber apoyado ingenuamente el ofrecido proyecto de reubicación municipal en el sector de "La Cantera", esos mismo dueños que han acumulado ganancias con el sufrimiento de centenares de madres de familia que ejercen el trabajo sexual, no les dieron cabida en los locales que han procedido a reabrir en otros sectores de la ciudad.

La sociedad y las autoridades atacan a las más pobres, a las más excluidas, a las marginadas. A las de abajo. Pero, hipócritamente, se hacen de la vista gorda con los centros clandestinos de generación y multiplicación del comercio sexual para las elites, con los dueños de los lugares de "primera clase" alentados por clientes que casi siempre tienen poder económico o político.

Por eso la desesperada situación de las trabajadoras sexuales del Centro tiene una triple corresponsabilidad que ninguno de sus protagonistas reconoce:

  1. Las autoridades del Estado y del Municipio, que no han reubicado a las centenares de mujeres que ejercen el trabajo sexual en el centro de Quito, y tampoco generan condiciones de empleo que permitan crear alternativas laborales y de vida a miles de mujeres ecuatorianas víctimas de una realidad social y humana de sistemática exclusión y brutal indiferencia.
  2. La cadena de corrupción impune, extorsión sistemática y agresión permanente conformada por dueños de burdeles, policías de la zona, los llamados "chulos", guías penitenciarios, tinterillos de las comisarías y delincuentes comunes, que literalmente han vivido a costa de la sangre, el sudor y las lágrimas de miles de mujeres del Ecuador.
  3. La sociedad ecuatoriana, que prefiere mirar para otro lado, indiferente a una realidad que existe aún cuando cierre los ojos, y que es altamente intolerante contra todo lo que signifique "distinto", "ajeno" o "especial"; es decir, los sectores vulnerados de la sociedad, de los que privadamente se conduele o a los que dice entender, pero a los que públicamente margina, amenaza o agrede, bajo la ecuatorianísima creencia del: "me da pena la situación de estas mujeres, tienen derecho a obtener un lugar donde vivir o trabajar, pero eso sí, menos en mi barrio, en mi manzana o en mi cuadra". Parecida al "Yo no soy racista, pero no quiero negros en mi calle", "Yo no soy homofóbico, pero los maricones se van de mi barrio", "Tengo lástima de las personas que viven con VIH, pero la casa albergue de los sidosos debe ser desalojada de mi comunidad", "Las cárceles actuales son un infierno, faltan centros de verdadera rehabilitación, pero eso sí, jamás en mi sector", "A los pandilleros no se les ha dado una oportunidad de vida distinta, pero no estoy loco para darle un trabajo a uno de ellos".

"Desalójenlas", piden. "Lárguense de aquí o las quemamos", les dicen. "Consigan otro empleo", sugieren. PERO ni el Estado, Gobierno y Municipio, ni los dueños, policías y chulos, ni la sociedad, dicen el cómo, cuándo y con qué, peor aún CREAN CONDICIONES PARA ELLO. Bajo la lógica de la intolerancia y la exclusión, ¿debería expulsarse más tarde a los niños de la calle, a los enfermos de VIH, a los ancianos abandonados, a los mendigos, a todas las víctimas de la pobreza?

Por eso la Asociación Pro-Defensa de la Mujer, organización que agrupa a las trabajadoras sexuales del centro de Quito, con el afán de dar una solución temporal y de largo plazo al problema -hasta que las autoridades municipales resuelvan la reubicación de los lugares donde puedan funcionar este tipo de locales- decidió buscar una alternativa segura y eficaz, que permita a las trabajadoras sexuales convertirse en actoras de la solución a la problemática.

La Asociación logró financiamiento para un proyecto cuyo principio es la dignificación de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en el centro histórico, mediante una micro empresa propia de las trabajadoras sexuales, administrada por las mismas mujeres, eliminando de esa forma y para siempre la cadena de explotación e intermediación de "dueños" y "chulos" que usualmente se convierten en explotadores de las mujeres, programa único en el continente por el cual los ingresos generados de la empresa, se revierten en beneficios para las mismas trabajadoras, destinando los recursos a capacitación y sensibilización de las socias en Autoestima, Crecimiento Personal, Salud Sexual y Reproductiva, Participación Ciudadana, Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, y la creación de un Fondo Común que permita facilitar préstamos para microempresas a las trabajadoras sexuales, con el fin de lograr el voluntario y progresivo acceso a otras actividades. Finalmente, el proyecto incluye normas estrictas de comportamiento en comunidad y 19 compromisos individuales de cada socia con la Asociación y la zona barrial donde se ubicaría la microempresa autónoma, so pena de sanciones en caso de incumplimiento, demostrando que sí es posible lograr la convivencia, seguridad y buena vecindad entre moradores y trabajadoras sexuales.

Desafortunadamente el Municipio no pudo cumplir su compromiso de encontrar un espacio temporal y, más aún, uno definitivo de reubicación para que este sueño de las mujeres más excluidas de la sociedad se concrete, y tampoco pudo concertar con la comunidad una política de explicación y consensos que facilite salidas justas y aceptables para todos y todas.

Finalmente, la comunidad al no conocer el espíritu de la propuesta, las ha condenado al desalojo y a la amenaza, y con el apoyo del propio Municipio, ha procedido a cerrar, antes de que empezara a funcionar siquiera, el centro elegido y arrendado para iniciar esta inédita propuesta de la Asociación Pro Defensa de la Mujer.

La comunidad no se ha preguntado, porque no le interesa preguntarse: ¿Quiénes perderían en caso de que las trabajadoras sexuales organizadas tuvieran un local propio, administrado por ellas mismas, en condiciones de seguridad, respeto y normas de convivencia interna y la comunidad?

En la oscuridad se frotan las manos quienes ganan: los dueños de los locales, los policías que extorsionan y piden "favores carnales" para no llevarlas detenidas, los "chulos" que ya no podrían merodear por la zona, los delincuentes comunes, los abogados y tinterillos que viven chupándoles la sangre en cada batida a éstas, nuestras hermanas.

La sociedad prefiere hablar en voz baja temas que, para ellas, son el pan violento de todos los días, pues nadie pregunta: ¿que será de sus hijos, de su futuro y de ellas mismas?. Lavarse las manos significa perpetuar la cadena de marginación y explotación vil a estas mujeres. Una ciudad no puede manejar la lógica de eliminación de las víctimas, sino que debe eliminar las causas sociales y culturales que reproducen tanta cantidad de víctimas cada vez. Una sociedad no puede extirpar lo que le "avergüenza" pero que, a la vez, genera y alienta cada día con sus exclusiones. La ciudadanía y las autoridades municipales estamos en la obligación de definir una solución digna y humana para las trabajadoras sexuales, hoy de la ciudad, mañana de todo el país, solución que resulte de un consenso, del respeto mutuo, del concedernos espacios de convivencia pacífica y ordenada para todos y todas.

Por todo ello y para solicitar a la sociedad y las autoridades una salida consensuada, compartida y justa para todos, vamos a marchar pacíficamente, en reclamo de sus derechos y los derechos de la comunidad, a la seguridad, la convivencia pacífica, el empleo y la vida. Esta marcha expresará nuestro desacuerdo con la indiferencia, la marginación y la exclusión, y para asegurar la erradicación de los problemas conexos que una práctica desordenada y clandestina acarrea.

Marcharemos el día jueves 7 de Agosto, a las 10H00, desde el desconocido busto de la heroína ecuatoriana Manuelita Sáenz, perseguida por amar y atacada por adúltera en su tiempo, sitio ubicado en el parque El Arbolito, hasta el Municipio de Quito en el centro de la ciudad. Marchamos por ellas, por nosotras, e implícitamente por la misma ciudadanía vulnerada a diario y a diario violentada por el Estado, las autoridades y los poderosos. Marchamos por todos los sectores vulnerables que, alguna vez, deben merecer no el repudio y el olvido, no la moralista acusación, sino la solidaridad, la tolerancia, la ayuda de los demás, el afecto, la caricia verdadera y la esperanza de un abrazo.

Invitamos a usted a hacernos compañía, a marchar con nosotras y suscribir este manifiesto.

Cordialmente,

 

Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador
Asociación Pro-Defensa de la Mujer, ASOPRODEMU
Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales de la Tercera Edad del Ecuador, CONAMOSOTEE
Corporación Kimirina
Fundación Alfil
Fundación Ecuatoriana de Minorías Sexuales, FEMIS
Fundación Esperanza
Minga en el Patio Trasero
Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas, OEML
Plataforma Interamericana de DDHH, Democracia y Desarrollo, PIDHDD Capítulo Ecuador

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