Quito/Nueva York, 6 de enero de 2003
La deportación de "Simón Trinidad", líder insurgente colombiano, luego de su detención tras culminar un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas, este pasado viernes en la capital ecuatoriana, habría violado varias normas internacionales de derechos humanos que gozan de mayor jerarquía que los acuerdos bilaterales o multilaterales de seguridad invocados por las mas altas autoridades gubernamentales, declaró en la ciudad de Nueva York, Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S. J.".
Ni la tesis de las presuntas infracciones a las leyes nacionales de migración ni la evidente cooperación entre las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas, reconocida públicamente por una funcionaria de la embajada estadounidense, justifican el comportamiento del Gobierno Nacional de impedir a "Simón Trinidad" el ejercicio de su derecho al debido proceso, argumento De la Vega.
Si en efecto hubo una acción penal de deportación, demandamos se haga pública el acta del desenvolvimiento de la audiencia establecida por la Ley de Migración vigente, así como las declaraciones y los alegatos que supuestamente habría presentado "Simón Trinidad" con la asistencia de su defensor de oficio, en la mencionada audiencia; y si el líder insurgente colombiano habría cometido un delito en territorio ecuatoriano, tipificado además por la legislación interna, exhortamos a la Ministra Fiscal General a divulgar públicamente la posición del Ministerio Público sobre este caso, continuó.
De la Vega también aseveró que resulta altamente preocupante para la vigencia del Estado de Derecho que se traslade a nuestro escenario nacional el discurso y las prácticas de las fuerzas de seguridad colombianas que califican a los insurgentes colombianos como "terroristas", desvirtuando los compromisos y las obligaciones emanadas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que los Estados y los grupos armados de oposición están llamados a respetar.
Colombia vive desde hace varias décadas un conflicto social, político y armado, y todos los esfuerzos para contribuir a una negociación política de ese conflicto, sin duda, promueven la paz de la región; no obstante, decisiones como la de apresar y deportar a "Simon Trinidad" atentan contra esa posibilidad, concluyó.