Tena, 23 de enero de 2004
La Consulta pre-licitatoria a pueblos y nacionalidades indígenas es un requisito para iniciar actividades petroleras en el país. El artículo denuncia las irregularidades y mentiras en la ejecución de la consulta en la provincia de Napo, Ecuador.
Comunidades indígenas, conjuntamente con otros sectores de Napo, se unen para exigir la nulidad del proceso de consulta pre licitatoria de los bloques 20 y 29 ubicados en el centro de la amazonía ecuatoriana.
Para los pueblos indígenas de la amazonía, las actividades petroleras han significado un cambio radical en su desenvolvimiento. Por más de 30 años, las comunidades indígenas y colonos de la amazonía norte del país han sufrido un sinnúmero de atropellos a sus derechos elementales a nombre del desarrollo y bienestar de toda la población. Es conocido el “juicio del siglo”, llevado por comunidades y colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía Texaco. Los argumentos que se exponen son claros: la compañía tuvo responsabilidad directa por los impactos ambientales que produjo la explotación del petróleo, los cuales no sólo han afectado a los recursos naturales sino que también se evidencian consecuencias en la salud de la población. El caso OCP también expone claramente cómo el Estado y las empresas petroleras van por encima de cualquier interés nacional como lo es la biodiversidad y el bienestar de la población. La construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se realizó bajo violaciones a los derechos humanos, colectivos y civiles de la población ecuatoriana. Se burlaron de leyes, emplearon la fuerza pública, corrompieron a entidades públicas y, sobre todo, obligaron a la población directamente afectada a que acepte sus condiciones.
Es así que, con la excusa de evitar errores pasados, el gobierno (de Gustavo Noboa) pretendió poner las cartas sobre la mesa con el decreto del “Reglamento de consulta y participación para las actividades hidrocarburíferas”. Dicho reglamento establece las pautas para la realización del proceso conocido como consulta previa.
El gobierno (de Lucio Gutiérrez), a través de Petroecuador, contrata los servicios de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) para que realice el proceso de consulta pre licitatorio de los bloques 20 y 29, ubicados en la amazonía centro del Ecuador (provincia de Napo, parte de Orellana y Pastaza). Se efectuó la consulta por primera vez bajo el reglamento expedido, y se prolongó de septiembre hasta diciembre del 2003.
Durante el proceso un sinnúmero de organizaciones y comunidades de la región afectada denunciaron la inconstitucionalidad del reglamento, así como las debilidades y fallas que el proceso iba teniendo. De a poco, más organizaciones y comunidades se unían a las denuncias, sin embargo las voces oficiales (gobierno y UPS) no acogían ningún reclamo. Amparados en la constitución y en los convenios internacionales suscritos por el Ecuador, los denunciantes acudieron a las diferentes instancias nacionales como la CONAIE, la CONFENIAE, la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Nacional, el CODENPE sin ninguna respuesta concreta.
Una vez finalizada la consulta, los resultados son, obviamente, favorables a la actividad petrolera. Sin embargo, las comunidades que participaron en este proceso manifestaron su inconformidad con dicha consulta al considerarla ilegítima, manipulada y nada transparente.
A decir de la mayoría de los participantes la información recibida fue parcial y poco clara, se evidenció una manipulación del proceso por parte de dirigentes y facilitadores locales que decían a la gente que tenían que aceptar la actividad petrolera, que no tenían opción. Además era claro que tanto dirigentes como facilitadores locales no fueron debidamente capacitados e informados sobre el tema por parte de la UPS. Esto fue evidente en la mayoría de eventos donde dirigentes como facilitadores no podían explicar o responder a cuestionamientos de la población.
Otra falla grave fue que la consulta no llegó a todas las comunidades ni a todos los sectores involucrados. Por un lado, el plazo de 60 días no fue suficiente para alcanzar a poco más de 500 comunidades indígenas en los dos bloques y por otro lado, la metodología empleada por la UPS no canalizó los medios tradicionales de convocatoria. Se puede mencionar que las convocatorias llegaban la noche anterior al evento, no precisaba claramente el objeto del evento ni tampoco su importancia. Se llegó a consultar al 70% de las 534 comunidades que viven en la región. A todo esto se suma el hecho de que la UPS excluyó sectores urbanos donde habitan en su gran mayoría indígenas, además de mestizos, que en conjunto suman alrededor del 50% de la población en los dos bloques.
Por otro lado, el proceso pretendía capacitar primero a facilitadores locales y luego, éstos a su vez a los representantes o delegados de las diferentes comunidades para que éstos últimos, finalmente, capaciten a toda la población en sus comunidades respectivas. Ni facilitadores, ni delegados y pero aún la población salió capacitada e informada. Todo esto causado principalmente por la incapacidad técnica de la UPS, por la complejidad del tema y, también por el tiempo empleado para dichas actividades. Para la capacitación de los facilitadores se empleó una semana, para los talleres con los delegados comunitarios se utilizó de uno a tres días y, finalmente para devolver la información al resto de la población en cada comunidad se empleó de 1 a 3 horas. Como resultado, la población no salió del proceso de consulta en condiciones de tomar una decisión de manera adecuada.
Además, las comunidades reclaman el hecho de que todo este proceso fue financiado por Petroecuador y por ende era un proceso viciado desde el inicio. Por tales motivos exigieron que haya participación de actores neutrales como veedores y como capacitadores. Sin embargo este pedido nunca fue acogido. Es así que el ingreso de observadores del proceso fue obstaculizado, particularmente el de los ambientalistas.
Se denuncia también que algunos de los facilitadores que participaron en este proceso no fueron designados democráticamente, fueron de alguna manera impuestos por la UPS y, por ende, por Petroecuador. De ahí la ilegitimidad del proceso.
Las comunidades se sienten manipuladas tanto por sus propios dirigentes que permitieron todos estos atropellos, tanto por la UPS que no supo estar a la altura de la enorme responsabilidad de llevar el proceso.
Las comunidades exigen la nulidad del proceso de consulta previa. Para esto acudirán nuevamente a todas las instancias que sean necesarias.
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