Solicitud de apertura de un expediente de investigación contra el Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)

Quito, 4 de marzo de 2004

 

El dirigente de la APDH, Alexis Ponce, entregó oficialmente al Dr. Ramiro Larrea, Presidente de la Comisión Anticorrupción, una petición formal para que ésta abra un expediente de investigación y dicte una exhortativa de sanción legal (destitución) contra el Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador, Gral. Jorge Poveda, por abuso de atribuciones legales, mal uso de bienes del Estado y faltamiento grave a la ética del funcionario público en el desempeño de su cargo, debido al sonado caso de "préstamo" del único helicóptero de la institución policial al cuñado del Presidente de la República (coronel retirado Napoleón Villa) para trasladarlo a un evento particular de su partido político, "Sociedad Patriótica", traslado en el cual participó el propio Comandante General de la Policía.

Al momento de entregar la petición formal, Ponce expresó que esta no era la primera vez que en el régimen del coronel Lucio Gutiérrez los altos jefes policiales trastocaban la misión institucional y las atribuciones legales de la Policía, puesto que fue públicamente conocido que en mítines proselitistas del partido oficial (organizados como contra-manifestaciones para enfrentar movilizaciones de jubilados e indígenas ante el Palacio de Gobierno el año 2003), la institución policial participó hasta con bandas musicales de servicio al partido oficialista y al cuñado del Presidente de la República, Napoleón Villa.

El Dr. Ramiro Larrea, Presidente de la CCCC, aceptó instruir inmediatamente el trámite de la petición formulada por la APDH, alegando que este era uno de los temas que preocupaba a la Comisión Anticorrupción, que no había sido procesado aún y que lo ventilarían hoy, en vista de que era la primera petición ciudadana expuesta de manera formal ante la CCCC sobre ese hecho.

Finalmente, Alexis Ponce entregó al Presidente un juego de disquetes con información confidencial, cuya copia el Vocero de la APDH entregó semanas atrás al Ministro de Gobierno y Policía, Ing. Raúl Baca Carbo, sobre un caso en el que la Comisión Anticorrupción -por palabra del Dr. Larrea- intervendrá con premura y cuyo contenido se hará público en los próximos días.

 

Sofía Jara
Comunicaciones de la APDH

[Nueva dirección postal de la APDH]
Colón E-669 y Reina Victoria. Piso 2, Quito
Telefax: 2-569823

 

[Petitorio de la APDH a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción]

Asamblea Permanente de Derechos Humanos

Nada humano nos es ajeno

Quito, 4 de marzo de 2004

Doctor Ramiro Larrea, Presidente de la CCCC
Señores miembros de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción

De nuestras consideraciones.

En representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, exponemos y solicitamos lo siguiente:

El país fue sorprendido semanas atrás con la noticia del uso indebido de un helicóptero de la Policía Nacional, es decir del organismo del Estado ecuatoriano encargado de velar por la seguridad y el orden público, para fines particulares de traslado de un conocido dirigente del partido político gubernamental Sociedad Patriótica, el Coronel en servicio pasivo de la P.N., Napoleón Villa, a un acto proselitista de dicho partido, traslado en el cual participó -como públicamente registraran los medios de comunicación social- el actual Comandante General de la Policía, General Jorge Poveda.

Ante las reacciones de malestar ciudadano por ese hecho, el Gobierno nacional, que emite cotidianamente discursos repetidos de una presunta lucha contra la corrupción, minimizó el caso, como también lo hicieron el Sr. Napoleón Villa y el partido político al que se pertenece. Y, de igual forma, el Sr. Comandante General de la Policía Nacional, justificó el suceso ante los medios de comunicación, quedando el caso, desde entonces, en el olvido.

Sin lugar a duda se trata de un acto de uso indebido de bienes del Estado ecuatoriano, y de una atribución ilegal de funciones que no son de competencia del máximo jefe de la Policía Nacional.

En cualquier otra circunstancia, hechos de parecida factura pero cometidos por miembros de Tropa de la Policía Nacional, que usaran indebidamente patrulleros o motocicletas de la institución para fines no contemplados en las leyes nacionales y reglamentos de la Policía, ocasionarían sanciones rigurosas a los responsables.

Es más: en países donde sus autoridades y sus ciudadanos se responsabilizan por el severo uso de los bienes del Estado, en naciones democráticas que exigen el acatamiento sin mancha del principio de respeto a la ley, cualquier otra autoridad habría separado de sus funciones de manera inmediata al Comandante General de la Policía Nacional, por pervertir los fines y objetivos contemplados en las leyes para su cargo y bienes.

Han pasado semanas del hecho y el tema ha quedado prácticamente impune. No hay autoridad que ponga freno a casos mayores y menores que éste, de abuso de funciones y uso indebido de los bienes del Estado, que para nosotros no son sino otra forma de corrupción.

Este hecho, y otros más graves que conmocionan a la opinión pública de manera fugaz, no pueden ser vistos como "naturales" o, peor aún, ser justificados por la pasividad ciudadana que mira con normalidad pasmosa la impunidad de cualquier abuso de funciones o cometimiento de delitos por parte de las autoridades.

Con estos antecedentes, solicitamos a la CCCC que proceda a aceptar a trámite la presente petición institucional de la APDH, de emitir un informe específico con recomendaciones puntuales a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Gobierno y Policía, para que se sancione con la destitución de su cargo al Comandante General de la Policía Nacional, por cuanto este mal uniformado ha abusado de funciones a él encomendadas por el país, así como por el mal uso de bienes del Estado y por el pésimo precedente de faltamiento a la ética profesional, que deja en los uniformados de menor jerarquía. Y, de ser posible, solicitamos a la CCCC que señale explícitamente las faltas cometidas a la ética social y a las leyes por el señor Napoleón Villa y las máximas autoridades del Gobierno nacional que justificaron este suceso.

Cordialmente,

Alexis Ponce, Vocero APDH

 

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