Recomendaciones del Seminario-Taller "Proyecto de Ley de Apoyo a los Migrantes Ecuatorianos y sus Familias"

Plan Migracion, Comunicacion y Desarrollo (PMCD)
H. Congreso Nacional
Asociacion para la Cooperacion Internacional y Ayuda Humanitaria (ALISEI)
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)

Quito, 1 de abril de 2004

 

Los participantes en el Taller para la preparación del Proyecto de Ley de Protección a los Migrantes Ecuatorianos y sus Familias (Cuenca, 11 y 12 de marzo de 2004) han efectuado, adicionalmente, varias recomendaciones que refieren a derechos y garantías de los migrantes ecuatorianos y sus familias, que se dirigen a Poderes y autoridades del Estado ecuatoriano. En tal virtud, los participantes en el Taller han considerado conveniente:

  1. Recomendaciones dirigidas al H. Congreso Nacional:
    • Recomendar al Congreso Nacional la armonización de las leyes ecuatorianas con la Convención Internacional de Protección a los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (1990, en atención a lo que dispone la Constitución de la República y al artículo 84 de la Convención. Urgir además al Gobierno Nacional a que tome las medidas para la efectiva aplicación de la Convención en el país.
    • Recomendar al Congreso Nacional la armonización de la legislación nacional con los acuerdos internacionales de derechos humanos de los migrantes, en especial en lo que concierne a los siguientes cuerpos legales: Ley de Extranjería, Ley de Migración, Código Penal, Ley de Documentos de Viaje, entre otros. El Estado ecuatoriano debe velar por el respeto a los derechos de los nacionales que han migrado a otros países y, para guardar consecuencia lógica, respetar en idéntica medida los derechos de los inmigrantes que se encuentran en el Ecuador.
    • Recomendar al Congreso Nacional el posible establecimiento de una Comisión de Defensa del Migrante, que tendrá a su cargo la tramitación de todos los proyectos de ley y, en general, la gestión de las cuestiones legislativas atinentes a la migración. Se coordinará la atención de los temas de los migrantes con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional.
    • Solicitar al Congreso Nacional la reforma de la legislación penal que se refiere al tráfico de migrantes a fin de actualizarla con los instrumentos internacionales de derechos humanos de protección al migrante, y la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado y su Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Al efecto se deberá recordar que las víctimas del tráfico de personas no pueden ser encausadas penalmente; que el Estado debe tomar medidas de prevención para evitar el tráfico de personas; y que se deben establecer canales de reparación a favor de las víctimas de coyoterismo. En la ley se deberían además considerar que las medidas y penas para combatir el “coyoterismo” sean análogas a las establecidas para los responsables de tráfico ilícito de drogas.
    • Pedir al Congreso Nacional que en las reformas legales de armonización de la ley nacional con disposiciones internacionales de derechos humanos, se incluyan normas referidas a la disolución del vínculo matrimonial, pago de alimentos y, en general, a la protección de la familia. La disolución fraudulenta del vínculo matrimonial, por ejemplo sin la debida notificación a uno de los cónyuges de la iniciación del trámite de divorcio, será severamente penalizada como delito contra la fe pública y causal para la anulación del trámite mismo, sin perjuicio de las sanciones a los funcionarios y profesionales que realicen dichos trámites de manera irregular. Se debería incrementar el plazo de prescripción a por los menos cinco años, para que el afectado interponga las acciones de nulidad correspondientes. En esta materia se deberán tomar en consideración, además, las pertinentes disposiciones del Código de la Niñez y de los instrumentos internacionales que atañen al pago de pensiones alimenticias.
  2. Recomendaciones al H. Congreso Nacional y al Ejecutivo:
    • Pedir al Ejecutivo y al Congreso Nacional que apliquen las recomendaciones de la Relatora Especial sobre los Migrantes de las Naciones Unidas que atañen al Ecuador, en especial su solicitud de reformar la Ley de Migración para que no contenga criterios discriminatorios para la exclusión de extranjeros y para que se estudien reformas legislativas a fin de que las órdenes de deportación sean susceptibles de apelación mediante recurso administrativo-judicial.
    • Pedir al Congreso Nacional, la Función Ejecutiva y demás entidades públicas, que en la preparación y ejecución de toda iniciativa legal o programa público que tenga relación con los migrantes y sus familias, se contemplen mecanismos de participación de las asociaciones y comunidades de migrantes ecuatorianos y organizaciones no gubernamentales que atienden temas referidos a la migración. Dicha participación se realizará a través de reuniones, foros y talleres que se organizarán para el efecto, así como por los medios de comunicación colectiva.
    • Solicitar al Congreso Nacional y al Ejecutivo que coordinen la ratificación del Convenio 143 de la OIT, por cuanto sus preceptos se hallan recogidos en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, ratificada por el país, y a fin de brindar una adicional protección a los migrantes en el marco de la OIT.
  3. Recomendaciones a la Función Ejecutiva:
    • Instar al Gobierno Nacional a que ejecute las disposiciones de las normas regionales de la Comunidad Andina, de manera particular los Instrumentos Andinos de Migración Laboral, Seguridad Social, y Seguridad y Salud en el Trabajo.
    • Pedir al Gobierno Nacional que establezca una instancia de cabildeo y gestión ante parlamentos y autoridades de países de tránsito y de destino de migrantes ecuatorianos, en coordinación con las oficinas diplomáticas y consulares, a fin de que se promuevan y se protejan los derechos de los migrantes y sus familias en las legislaciones de esos países. En la labor de cabildeo se buscará la flexibilización del tratamiento a los migrantes ecuatorianos, su regularización y la defensa de sus garantías básicas. El Gobierno Nacional coordinará las actividades de cabildeo parlamentario que desarrolle, con las acciones que el Congreso Nacional impulse al respecto.
    • Demandar a las autoridades ecuatorianas de migración el estricto respeto a los derechos humanos de los migrantes ecuatorianos, en particular sus derechos a libre tránsito, al debido proceso en los trámites de apelación a decisiones de la autoridad, a la repatriación de sus remesas, a la recepción en condiciones dignas de los deportados y excluidos, y a recibir un trato digno en los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, entre otros.
    • Recomendar al Gobierno Nacional y a la Defensoría del Pueblo que, en coordinación con asociaciones y comunidades de migrantes y organizaciones no gubernamentales, lleven adelante una política de comunicación que promueva los derechos de los migrantes, les informe sobre sus garantías y beneficios, y evite dar una connotación negativa o peyorativa a la migración.
    • Sugerir al Gobierno Nacional y al Instituto Nacional de Seguridad Social que estudien el establecimiento de medidas a fin de que los trabajadores migrantes ecuatorianos puedan aportar voluntariamente al Seguro Social desde el exterior, y gozar por esa vía de los beneficios de ley que tienen los afiliados voluntarios al IESS.
    • Recomendar al Gobierno Nacional que considere mecanismos para la creación de un sistema de adquisición de vivienda que podría denominarse “Hipoteca de vivienda internacional del ausente”, a fin de que los migrantes ecuatorianos y sus familias puedan adquirir y construir viviendas en el Ecuador.
  4. Recomendaciones de acción internacional para la Función Ejecutiva:
    • Urgir al Gobierno Nacional a que emita las declaraciones previstas en los artículos 76 y 77 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares a fin de que el Comité de vigilancia de ésta pueda recibir reclamos que conciernen a nuestro país, de la misma manera como el Ecuador ha procedido con respecto al Comité contra la tortura y al Comité para la eliminación de la discriminación racial.
    • Pedir al Gobierno Nacional que mantenga como una de las metas de su política multilateral, la promoción de la ratificación progresiva de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
    • Solicitar al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que active la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos a fin de comenzar el proceso de preparación del informe inicial del Ecuador al Comité de vigilancia de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que corresponde presentar el 1 de julio venidero. En atención a lo que establece el Decreto Ejecutivo que rige el funcionamiento de la Comisión de Coordinación, se urge a que en la preparación del informe se involucre a la sociedad civil, a través de consultas con las asociaciones y organizaciones de migrantes, y con organizaciones no gubernamentales que dan seguimiento a temas de migración.
    • Pedir que el Congreso Nacional y el Ejecutivo consideren la adhesión del país al “Convenio de La Haya sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros” (“Apostilla de La Haya”) a fin de facilitar la legalización de documentos a los migrantes sin tener que acudir a trámites en los consulados de los países en los que se desee que dichos documentos tengan efectos legales. Ello no obstará para que los consulados ecuatorianos continúen brindando servicios de legalización de documentos, de conformidad con la Ley.
    • Solicitar al Gobierno Nacional la negociación de acuerdos internacionales y la expedición de normas conducentes a la gestión ante otros Estados de visados humanitarios a favor de familiares de migrantes que deban desarrollar actividades en el exterior en relación con enfermedades o accidentes serios o el fallecimiento de sus familiares, o para acompañar a familiares que deban recibir tratamiento médico.
    • Recomendar al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que las oficinas consulares donde hay un importante número de migrantes ecuatorianos reinviertan un porcentaje adecuado de las recaudaciones consulares de autogestión a mejorar la atención a los migrantes ecuatorianos y sus familias que habiten en la pertinente jurisdicción.
  5. Recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral:
    • Pedir al Tribunal Supremo Electoral que adopte de manera inmediata las disposiciones que permitan la participación de los migrantes ecuatorianos en las próximas elecciones. Se urge, en este sentido, al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a que organice el acto electoral en coordinación con el TSE, asignando los fondos necesarios y tomando las provisiones para la inscripción de los votantes. Se sugiere considerar la emisión de una cédula de votación de los migrantes por parte de los consulados ecuatorianos, a un precio razonable y mediante un trámite accesible, a fin de facilitar su participación en los comicios.

 

[Comisión Técnico-Jurídica]
Ximena Andrade, Pablo de la Vega, Joaquín Moscoso, Luis Urgilés y José Valencia

 

[Difundido por...]
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)
Miembro-Observador de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)
montesdh@andinanet.net

 

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