APDH demandara penalmente al Ministro de Economia y a los empleados de la Salud por las muertes de infantes

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)

Boletín de prensa

Quito, 9 de abril de 2004

 

En vista de los irreparables efectos humanos y consecuencias sociales que ha dejado la fría e inhumana actitud tecnocrática del ministro de la Economía del Ecuador, Sr. Mauricio Pozo, al privilegiar el pago de la deuda externa y la presunta "estabilidad macroeconómica" a su deber de garantizar prioritariamente el derecho a la vida, a la salud y a la educación de millones de excluidos, cuanto por la indolente actitud de empleados y trabajadores de la salud que, en demanda de atención a sus reivindicaciones y derechos laborales, han incumplido su deber ciudadano y constitucional de garantizar atención prioritaria, aún en condiciones adversas, a la población más vulnerable como son los niños y niñas del país, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, anunció que procederá a demandar legalmente tanto al Ministro de Economía cuanto a determinados empleados de la Salud responsables de haber cerrado las puertas en los hospitales públicos, como actores de muertes infantiles que no deben quedar en la impunidad.

La APDH anunció la presentación de esta demanda basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de la República y el Código Penal en vigencia que catalogaría estas muertes como "homicidios involuntarios", de los cuales responsabilizará al Ministro de Economía y a específicos empleados y trabajadores de los hospitales, en calidad de "autores materiales e intelectuales" de los fallecimientos de tres criaturas, entre ellas Elena Pamela Quintero Vera, de un mes y 20 días de nacida, que falleció a consecuencia de la indolente actuación de un empleado del "Hospital del Niño" Francisco Icaza Bustamante, al cerrarle la puerta de atención de emergencias a la madre de la menor.

En vista de los efectos del desastroso manejo del tema social, carcelario y de la salud, del Gobierno nacional, que en el caso del paro de la salud provocara lamentables fallecimientos de bebés, ocurridos en las afueras de los hospitales públicos, la desatención médica durante las últimas semanas no puede quedar en el olvido, más cuando esas muertes infantiles pudieron evitarse.

La responsabilidad es compartida, pero mayor es la del Gobierno nacional, representado por el Ministro de Economía Mauricio Pozo, a quien la APDH declara "autor intelectual de homicidios involuntarios", quien ha priorizado el pago cumplido de una deuda inmoral e injusta, perjudicando los derechos sociales, económicos y humanos de la población ecuatoriana.

Aunque el paro de la Salud haya concluido, los defensores de DDHH no permitiremos que estos casos de muertes de bebés queden impunes, ya que obedecieron a negligencia voluntaria, compartida entre el régimen, sus funcionarios económicos y los empleados que cerraron puertas en el hospital del Niño y la casa de salud ubicada en la población Sangolquí, aledaña a la capital, donde se produjo otro fallecimiento infantil al negársele a la madre parturienta que ingresara al centro asistencial.

El derecho a la reparación debida para las madres y familias de las pequeñas que fueron víctimas de una conducta indolente gubernamental y sindical, no puede ser escamoteado por argucias legales. Va siendo hora deque los derechos sociales y económicos, entre ellos el derecho de salud, sea exigido por los ciudadanos aún recurriendo a la judicialización de los responsables.

La Constitución Política de la República señala expresamente en su Art. 20 que: "Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen, como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos".

Ya es suficiente de evasivas y atropellos. Ningún gobierno puede escudarse en argumentos fundamentalistas de orden económico, para negar presupuestos a la salud, a la educación, al sistema penitenciario y a la vida de los ecuatorianos. Y ningún sector social puede escudarse en la defensa de sus reivindicaciones sectoriales, dejando de lado los derechos de los millones de excluidos, más aún de los niños, niñas y población vulnerable del país.

Somos los ciudadanos los que debemos poner la casa en orden y, por ello, debemos preocuparnos porque las obligaciones gubernamentales y sociales sean realmente asumidas.

 

Ana Carrera
APDH del Ecuador

 

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