Carta de los Movimientos Sociales y Organizaciones Políticas Ecuatorianas a la XXXIV Asamblea General de la OEA

Quito, 7 de Junio de 2004

 

Doctor César Gaviria, Secretario General de la OEA

 

Señor Secretario General:

La democracia tiene como fundamento la voluntad del pueblo y su pronunciamiento. Con motivo de la XXXIV Asamblea General de la OEA, reunida en Quito del 6 al 8 de junio, nos convocamos los movimientos sociales, civiles y organizaciones políticas del Ecuador, para presentar nuestra voz ante nuestros pueblos, la opinión pública internacional, los medios de comunicación y los representantes de los Estados y Gobiernos reunidos aquí; tanto más que el Gobierno de Lucio Gutiérrez no expresa la visión de la mayoría, pues se ha ilegitimado ante la opinión pública, ya que el 95% de ecuatorianos rechazamos su gestión y demandamos mayoritariamente su salida.

Mientras ustedes están desarrollando la Asamblea de la OEA, nosotros, los pueblos del campo y la ciudad de Ecuador: indígenas, campesinos, estudiantes, maestros, trabajadores, pequeños y medianos productores y comerciantes, ciudadanos en general hemos resuelto impulsar una nueva jornada de movilización por la vida, la dignidad y la soberanía.

Dos décadas de neoliberalismo han convenido a América Latina en la región con el mayor nivel de desigualdad e inseguridad en el mundo. El problema no es sólo la pobreza, sino la extrema concentración de la riqueza, de la tierra, de los recursos estratégicos y del poder político, situación que se ve agravada por el pago de la deuda externa, los recursos dedicados al belicismo, a la corrupción y la impunidad, y la privatización del patrimonio nacional.

La Organización de Estados Americanos se constituyó para garantizar la paz continental y respaldar el desarrollo de nuestros pueblos. Sin embargo, como pueblos, no podemos olvidar que, por presión de la gran potencia, se ha desembocado en políticas como la exclusión de países como Cuba por mantener una posición independiente; el silencio en el golpe contra Allende y en la crisis de Las Malvinas; o la justificación de gobiernos como el de Fujimori mientras servía a los intereses geoestratégicos imperiales. La certificación democrática está manejada desde las visiones del poder, desoyendo la palabra de los pueblos.

Uno de los problemas más graves, no sólo para nuestro país, sino para la región, es la presencia de tropas extranjeras y la aplicación de una política belicista en el Plan Colombia-Plan Patriota. Sin embargo, la agenda no aborda este tema para una efectiva defensa de la paz y la autodeterminación de nuestros pueblos y nuestros Estados. La OEA debe impedir el proceso de ocupación militar en América Latina y la injerencia externa contra las aspiraciones de los pueblos de la Región Andina, así como del sufrido pueblo de Haití; poner fin al Plan Colombia y al Plan Puebla-Panamá; e impedir la intervención norteamericana contra el Gobierno y la lucha del pueblo venezolano. Además debe contribuir a la paz mundial y, por tanto, rechazar el intervencionismo norteamericano en contra de los pueblos de Palestina, Irak y otros.

La situación de los pueblos y nacionalidades indígenas sigue siendo de flagrante exclusión económica, social y política. El Estado ha perdido capacidad para promover el desarrollo y lograr una mínima cohesión social, lo cual profundiza la crisis endémica que pretende ser aprovechada por el discurso privatizador.

Otro problema urgente está en torno a la deuda externa. En nuestro país, a pesar de las ficciones de las cifras macroeconómicas, el servilismo del gobierno para pagar y recomprar la deuda externa, ha destruido la base económica y ha profundizado el empobrecimiento no sólo de los sectores populares, sino también de los sectores medios.

América Latina y el Caribe están cercados con tratados bilaterales de “libre comercio” con Estados Unidos que apuntan a destruir las integraciones regionales como el MERCOSUR o la CAN, y a imponer una integración subordinada a la hegemonía del poder y las transnacionales norteamericanas. Los acuerdos bilaterales y su compendio, el ALCA, impulsan un modelo de “libre mercado” que exacerba el desempleo y la precariedad laboral, la privatización de los recursos y servicios estratégicos, transformando en simples mercancías la salud, la educación, el petróleo, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, la biodiversidad, la sabiduría ancestral, la cultura y la seguridad social.

La inclusión de temas tales como inversiones, compras gubernamentales, políticas de competencia y privatización de recursos naturales y servicios, atentan contra la soberanía y condicionan el desarrollo económico y social de nuestros países; por lo cual la OEA debe resolver que sean definitivamente eliminados en las negociaciones. Así mismo, debe resolver la eliminación de las negociaciones de los productos estratégicos para la alimentación y para garantizar su soberanía alimentaria. Debe plantear al Gobierno norteamericano, que participa en su seno, una integración diferente, basada en una relación justa y equitativa, sustentada en el respeto a la soberanía e independencia de nuestros Estados y a los derechos humanos, económicos, políticos, sociales, de género, culturales y ambientales de nuestros pueblos.

Rechazamos la pretensión de imponer en el Continente un conjunto de normas que bajo el supuesto de un Area de Libre Comercio o de acuerdos bilaterales destruyen los aparatos productivos locales, fomentan la marginación social y económica de grandes grupos poblacionales e imponen una integración subordinada a la hegemonía del poder y las transnacionales norteamericanas.

La OEA debería propender a un frente común, al menos para respaldar y extender la política argentina sobre este tema, y subordinar el pago de la deuda al desarrollo económico y social de nuestros países; así como buscar alternativas como el pago con la deuda ecológica, que incluye la preservación de los recursos de la biodiversidad.

La OEA no puede aceptar la exclusión de uno de sus miembros, como pasa con Cuba, y debe demandar a los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo que mantiene contra este hermano país.

La integración de la región sólo es posible mediante la construcción y el respeto a proyectos nacionales incluyentes, verdaderamente democráticos que incorporen los derechos legítimos de los trabajadores, pueblos y nacionalidades indígenas, escuchen la voz de los sectores empobrecidos y proclamen la soberanía y dignidad de los pueblos.

Exhortamos para que estos planteamientos sean incorporados por ustedes en las resoluciones de esta XXXIV Asamblea, ya que ellos permiten construir una ruta de desarrollo y justicia en el Continente. Mientras ello ocurra, estaremos una y otra vez en las calles luchando por una auténtica democracia.

En Quito, hace 195 años, los patriotas lanzaron el Primer Grito de la Independencia. La gobernabilidad se basa en la justicia: el problema no es la lucha simplemente contra un gobierno, sino construir un programa alternativo al neoliberalismo, que nos saque del subdesarrollo y nos conduzca a la construcción de un Continente integrado y cooperativo capaz de enfrentar los desafíos de la hora actual. Ahora en nombre de nuestros pueblos proclamamos que continuamos la lucha por la segunda independencia, la paz, la justicia y una verdadera democracia para todos y todas.

 

CONAIE
CONFENIAE
ECUARUNARI
Frente Popular
MPD
Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País
CONFEUNASSC
Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS)
FEUNASSC

 

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