Quito, 28 de febrero de 2002



Las ciudadanas y ciudadanos firmantes, expresamos:

• Nuestra profunda preocupación por las consecuencias que en Colombia, Ecuador y la región andina, acarreará la decisión del Gobierno del Dr. Andrés Pastrana, de poner término al proceso de diálogo y negociaciones de paz con las FARC.



• Nuestro pesar porque se haya impuesto el escenario de la guerra, cuya víctima primera es la población civil, a pesar de los permanentes esfuerzos de la sociedad civil colombiana en plantear alternativas para la paz a todos los actores del conflicto.



• Nuestra conciencia de que el proceso de negociación exigía que las dos partes en conflicto aceptaran sus compromisos y propuestas; no obstante, la persistencia gubernamental en implementar el Plan Colombia y no avanzar en la mesa de negociación el tema de las reformas estructurales y el desmantelamiento del paramilitarismo, por un lado; y, por otro lado, las violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la insurgencia, evidencian la corresponsabilidad de ambas partes en la ruptura de este proceso.



• Nuestro llamado al Gobierno colombiano a que demuestre a la comunidad nacional e internacional la aplicación efectiva de medidas emergentes para el desmantelamiento y sanción de las fuerzas paramilitares, responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos, y agotar todos sus esfuerzos para sancionar a los responsables de las masacres, asesinatos y amenazas a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales, comunitarios y demás sectores de la sociedad civil.



• Nuestra preocupación por la intervención militar del Gobierno los Estados Unidos de América en esta grave crisis y por su apuesta al fin de la opción dialogal y de negociaciones en Colombia, razón por la cual instamos al gobierno de Colombia y a la comunidad internacional que coadyuven esfuerzos para reabrir las negociaciones de paz, como único camino para asegurar un futuro democrático y de convivencia civilizada para el pueblo colombiano.

En este contexto y dada la gravedad de los acontecimientos, nos permitimos exhortar al Gobierno ecuatoriano a:

1. Que sume sus esfuerzos políticos y diplomáticos a las iniciativas del Grupo de los Países Amigos y facilitadores del diálogo (Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela) y solicite formalmente su inclusión en este esfuerzo de la comunidad internacional en búsqueda de la paz;



2. Que implemente las acciones pertinentes, con asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para atender a los refugiados colombianos, en especial mujeres, niños y niñas que busquen protección a sus vidas en el territorio ecuatoriano;



3. Que instruya a la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) sobre sus responsabilidades y obligaciones de respeto a la población civil, y vigile el cumplimiento de las mismas en estos momentos de crisis en la frontera colombo-ecuatoriana, de acuerdo a las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario;



4. Que respete y garantice los derechos ciudadanos y las libertades fundamentales de la población civil de las provincias fronterizas ecuatorianas, en especial en la provincia de Sucumbíos, este momento bajo estado de excepción;



5. Que garantice al país que las instalaciones de la base Aérea "Eloy Alfaro", en Manta, tengan como finalidad exclusiva el control aéreo antinarcóticos y, posteriormente, negocie la cancelación del compromiso gubernamental adquirido con el Gobierno de los Estados Unidos de América, mediante la suscripción de un acuerdo que permite a las fuerzas armadas de ese país, la utilización de las instalaciones de la base militar de Manta, por considerar que atenta a la soberanía del Ecuador y contribuye a la regionalización del conflicto social y armado colombiano; y,



6. Que respalde las iniciativas a favor de la paz propuestas por las sociedades civiles de Ecuador, Colombia y la Región Andina, como la convocatoria a un "Congreso Nacional de Paz", cuyo propósito fundamental será definir estrategias mínimas para la convivencia civilizada, que han organizado los sectores de la sociedad civil colombiana comprometidos con la solución política y negociada del conflicto armado, la democracia, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la equidad social y el medio ambiente.

Firmas y adhesiones: APDH del Ecuador