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El voto del emigrante ecuatoriano: apuntes y reflexiones


Barcelona, 12 de junio de 2001.


¿Tienen derecho al voto los ecuatorianos que viven en el extranjero? Conforme se inician los preparativos para un nuevo proceso electoral en el Ecuador, la pregunta se hace cada vez más visible en los círculos políticos y en los medios de comunicación. Y no es una cuestión menor en términos cuantitativos: actualmente, entre un 15 y un 20 por ciento de los ciudadanos en edad de votar se encuentran fuera del país. Un porcentaje nada desdeñable y que en cualquier confrontación en las urnas podría llegar a alcanzar un valor decisorio incuestionable. Sin embargo, las respuestas al dilema no son tan obvias y varian en funcion de la situación e intereses de cada persona o colectivo. Por ejemplo, desde el punto de vista de los partidos políticos, las medidas tendentes a garantizar la emisión del voto de los emigrantes beneficiarían sobre todo a las grandes formaciones, capaces de movilizar grandes recursos y desplegar su maquinaria electoral a un nivel internacional. Por contra, los partidos con escasos recursos o con implantación espacial muy localizada serían doblemente penalizados; en primer lugar por no poder acceder a este amplio "mercado" electoral, y en segundo lugar porque la ampliación del universo de electores les obligaría proporcionalmente a captar un mayor número de votos en el interior del país para obtener representación política.

Desde el punto de vista de los emigrantes, sin embargo, la postura es más unánime. Con las naturales variaciones existentes en un colectivo tan diverso, la opinion general se decanta a favor de que los ecuatorianos en el extranjero puedan ejercer su derecho a voto. En este sentido, los colectivos de emigrantes no deben menos que rechazar, por su extremismo y las severas dosis de exclusión que conllevan, las opiniones que sentencian que los emigrantes no deben poder influir en la vida política del Ecuador, dado que "se fueron" y que son ajenos a la realidad ecuatoriana. Esta postura olvida, por un lado, que las remesas que los emigrantes envían a sus familias constituyen el segundo rubro de ingresos del país, después del petróleo, lo que los convierte en una fuerza económica de primer orden, pese a su disgregación. Por otro lado, no contempla los lazos familiares y personales que mantienen los emigrantes con el Ecuador, que les implican directamente en la dinámica del país dejado atrás y que refuerzan su sentimiento de identidad, pese a la distancia física y al contacto e inmersión en otras culturas. Y, finalmente, obvia un derecho fundamental: el de ciudadanía. El ecuatoriano emigrado, pese a no vivir en el Ecuador, es "Ciudadano Ecuatoriano", y como tal, "Sujeto" de derechos y obligaciones para con su país. Estos tres factores, por citar los más significativos, por sí solos ya avalan la aspiración y el derecho de los emigrantes a participar activamente en la vida política ecuatoriana.

Ahora bien, estas aspiraciones constitucionales y legítimas, chocan con diversas barreras legales y organizativas. Expuestas con brevedad, estas barreras pueden reducirse a dos: el actual sistema electoral ecuatoriano y la estructuración de un método de votación a distancia eficiente y válido.

Respecto al actual sistema electoral ecuatoriano, el principal escollo radica en la obligatoriedad del voto. Los emigrantes, ¿tendrían que estar también obligados a votar? y, en el caso de que no votasen, ¿qué sanciones se les aplicarían?. Sabido es que, en la práctica, el voto obligatorio en el Ecuador ha supuesto un peaje para la población, facilitando las prácticas clientelares de políticos inescrupulosos. En vez de cédula de identificación, el "ciudadano" ha venido mostrando su certificado electoral ante el funcionario nombrado por el partido de turno, demostrando de alguna manera su "compromiso" con el régimen vigente, y obteniendo así "retribución" por su "desvelo y compromiso democráticos" (en vez del servicio al que todo ciudadano tiene derecho y por el que paga con sus impuestos). En esta línea, el "ciudadano", ya que está obligado a votar, ha venido ejerciendo el sufragio no por el partido que mejor se adapte a sus opiniones personales, ni por el que le ofrezca una mayor coherencia ideológica y programática, ni siquiera por el que haya hecho más promesas en la campaña electoral... sino mas bien, ha sufragado por aquellos candidatos sobre los que ha percibido que poseen una mayor capacidad de satisfaccion de retribuciones post-electorales. En este sistema, una red clientelar eficiente ya pre-establecida garantiza que sólo los partidos que dispongan de la misma puedan ofrecer esta "confianza retributiva" a sus posibles electores, provocando de por sí que el sistema se perpetue y realimente la corrupción ininterrumpidamente. La ruptura de este círculo vicioso amerita, entre otras medidas inexcusables, derogar la obligatoriedad del voto, de forma que éste pase a ser "voluntario", tal como se hace en la mayoría de las democracias. El voto voluntario liberaría a los ciudadanos del actual "vasallaje electoral", facilitando su toma de responsabilidad para con el sistema político democrático y propiciando la "utilidad de su voto" en función de los intereses generales en vez de los exclusiva e hipotéticamente personales.

Se podría alegar en contra de este sistema que los índices de abstención serían altísimos y que ello cuestionaría la legitimidad democrática, pero esta apreciación es a todas luces falsa. Por un lado, en los sistemas electorales con voto voluntario, se ha demostrado que los índices de abstención disminuyen radicalmente en las coyunturas en las cuales los ciudadanos perciben la importancia que tiene su voto individual para dirimir cuestiones significativas. Por otro lado, la legitimidad democrática no se mide en índices de participación electoral (falacia que reduce a los votantes al papel de meros comparsas en el juego político), sino que reposa en el grado de compromiso y participación de los ciudadanos en todas las cuestiones de la política cotidiana. Eso que se ha venido llamando "democracia participativa", actividad denostada desde las esferas del poder del nuevo liberalismo, es sin embargo la expresión más genuina del espíritu democrático, en tanto se erige en el verdadero espacio público donde se ejerce la ciudadanía. Hoy por hoy, los ecuatorianos urbanos y emigrantes, tenemos mucho que aprender del único colectivo que ejerce auténticamente su ciudadanía actualmente en el Ecuador: el indigenado, cuyo compromiso en mantener y reforzar una estructura social políticamente participativa debemos reconocer y admirar. Sólo desde estos parámetros, con un sistema de voto voluntario, los emigrantes podrían ejercer con libertad su derecho a voto, sin chantajes ni amenazas clientelares veladas. Además de que éllo redundaría en una actitud más responsable por parte de las fuerzas políticas, obligadas a solicitar el voto con una mayor sinceridad y coherencia, y privadas del recurso a utópicas promesas de mejora, cuya "confianza retributiva" cualquier emigrante sabe que es nula.

Relacionado con lo anterior, cabe señalar el problema de la demarcación de las jurisdicciones electorales en las que los emigrantes deberían estar adscritos. Cuestión que tendría que ser solucionada mediante un consenso amplio entre todas las fuerzas políticas y sociales afectadas, incluyendo especialmente a los emigrantes. Podemos apuntar sin embargo, que las opciones posibles discurren desde la adscripción directa en las juridiscciones de origen del emigrante, hasta la creación de una jurisdicción específica para los votantes en el extranjero.

Con respecto a la estructuración de un método de votación a distancia eficiente y válido, en un ámbito tan disperso como es el de la emigración, lo primero que debe hacerse, y resulta evidente, es establecer un censo fiable de los ecuatorianos en el extranjero (a estas alturas, resulta sorprendente que el gobierno ecuatoriano aún no sepa con seguridad cuántos ecuatorianos viven en España, por ejemplo). Una primera aproximación sería trabajar a partir de los emigrantes que conserven la nacionalidad ecuatoriana y que estén inscritos en los diferentes consulados. Pero para ello, habría que promocionar de una forma coherente la inscripción consular de todos los ecuatorianos emigrados, junto con la actualización permanente de los datos y su sincronización con el censo electoral ecuatoriano, a fin de evitar duplicidades y carencias. A la vez, debería alentarse la autorresponsabilidad de los emigrantes para mantener actualizados sus datos personales cuando tengan cambios de residencia. Por supuesto, estos datos deberán cumplir todas las garantías legales y éticas de confidencialidad y ser de uso exclusivo del gobierno ecuatoriano.

A partir de un censo fiable, el peso del problema recae en establecer el mecanismo de votación. Son numerosas las posibilidades al respecto, pero básicamente podemos anotar tres, cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes, lo que nos lleva a sugerir que el mecanismo ideal sería una combinación de todas ellas. Una primera posibilidad sería utilizar los consulados como colegios electorales (tal como se ha hecho en las últimas elecciones peruanas). Tiene a su favor una rápida implementación y un gasto de gestión relativamente reducido, aunque su inconveniente principal radica en que privilegia a los emigrantes que viven concentrados en grandes ciudades, frente a aquellos instalados en áreas rurales, en ciudades pequeñas o, en general, en zonas con escasa presencia de población de origen ecuatoriano o sin representación consular. La segunda posibilidad es el voto por correo. Su principal ventaja es su bajo coste y su sencillez: a cada votante registrado en el extranjero se le envían las papeletas de votación y éste, tras marcar sus preferencias reenvía el sobre a su colegio electoral para que sea agregado al computo global de la votación. Sin embargo, presenta numerosos inconvenientes de gestión, entre los que se pueden señalar la duplicidad de votos por inexactitud de los censos, la relativa facilidad para suplantar identidades y alterar resultados (véase las últimas elecciones norteamericanas) y los fallos y retrasos del sistema de correos. La última posibilidad estriba en aprovechar el ámbito de las nuevas tecnologías. El establecimiento de un sistema de firmas digitales, emitidas y autentificadas previamente desde los consulados, y la puesta en marcha de una red de servidores web y un sistema de bases de datos con el software necesario, permitirían que cualquier ecuatoriano con acceso a Internet pudiera votar, independientemente del lugar donde se encuentre. Si bien el acceso a las tecnologías de la información es prohibitivo para muchos de los ecuatorianos que viven en el Ecuador, para los emigrantes en países desarrollados es una tecnología relativamente accesible y necesaria para la comunicación con sus familias. El problema de este sistema reside principalmente en su coste, alto a corto plazo, aunque creemos que se amortizaría con rapidez (una posibilidad que abarataría su coste es aprovechar el capital humano tecnologico del país, dado que los ingenieros de software y sistemas ecuatorianos están suficientemente capacitados para desarrollar eficientemente un sistema semejante). El otro gran problema es que el instrumento del voto electrónico aún no ha sido probado a gran escala, con lo que el Ecuador, caso de implementarlo, tendría que asumir los riesgos inesperados que pudieran acaecer.

La decisión final respecto al mecanismo de votación, preferentemente una combinación acertada de los tres citados, es competencia de las autoridades correspondientes, aunque sería de agradecer que previamente a una decisión de tanta trascendencia consultasen con expertos internacionales en estos temas (países como España tienen larga experiencia en el voto por correo; en EEUU se esta potenciando el voto electrónico por Internet; y Perú hace pocas semanas que ha realizado una multitudinaria votación consular). Igualmente, debería consultarse y consensuarse el método con los funcionarios encargados de implementarlo, con las fuerzas políticas y sociales y, especialmente, con sus principales destinatarios y afectados: los emigrantes.

Como último apunte, indicar que el compromiso político de los emigrantes trasciende el ámbito relacionado con sus países de origen. En los países receptores de inmigración también son, o deberían ser, ciudadanos de pleno derecho y, como tales, deberían poder votar en las elecciones que más directamente les afectan como ciudadanos, generalmente las locales o municipales. Derecho que desde numerosas asociaciones y fuerzas políticas se está defendiendo y promoviendo en Europa desde hace años.



Miguel González

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