Nueva Loja, 18 de febrero de 2002

Comunicación Pro Derechos Humanos (Sucumbíos, Ecuador)



Este lunes el país amaneció con la noticia de un nuevo paro progresivo de la ciudadanía en Sucumbíos y Orellana frente a la desatención estatal y a la prepotencia de las empresas petroleras del Consorcio OCP.

Los cantones de Cascales y Lago Agrio abrieron estas jornadas que, para la Asamblea de la Sociedad Civil de Sucumbíos, son inevitables por la incapacidad del Gobierno para solucionar las demandas básicas que ha hecho la población y los gobiernos locales.

Los problemas de Sucumbíos no comenzaron con el "Plan Colombia" ni con las obras de la "OCP Limited", todo lo contrario, son fruto de una guerra económica, social y política que lleva cuarenta años.

El Colectivo Pro Derechos Humanos, solidario con la causa de las provincias nororientales, ofrece un comentario que invita a mirar las raíces de la problemática.



Comentario: Frontera Nororiental del Ecuador: la guerra comenzó antes del "Plan Colombia"


Hacia los años '70, hubo gente que descubrió la existencia del Oriente ecuatoriano debido al inicio de la época petrolera. Hoy, muchas personas descubren Sucumbíos porque la crónica roja se ha encargado de ponerle en primera plana, sobre todo después que arrancó el llamado "Plan Colombia".

Ni el Oriente comenzó con la época petrolera ni los problemas de Sucumbíos nacieron con el "Plan Colombia". Merece la pena buscar las raíces de los acontecimientos. En Sucumbíos existe una antigua crisis social y económica que revela una guerra que comenzó antes del "plan Colombia". Guerra de baja intensidad contra la población nororiental y a la cual se suman las fumigaciones y las incursiones militares de los últimos meses. Guerra cruel y sin pausa.

La guerra comenzó hace 40 años cuando el Estado ecuatoriano decidió un desaforado proceso de explotación petrolera, entregó inmensos territorios a empresas transnacionales y les dejó en total libertad de exploración y explotación, incluyendo libertad de contaminación del suelo, del agua y del aire, sin ley ni inventario. Contaminación que ensucia la naturaleza sin remedio y que enferma y mata a la gente en silencio.

Guerra desde el Estado Ecuatoriano porque más de 40 mil millones de dólares explotados del subsuelo nororiental han ido, de forma directa e inapelable, a los bolsillos de las transnacionales, a los bancos suizos y estadounidenses, a las manos de los testaferros nacionales, a las de los políticos y funcionarios complotados para legalizar el saqueo del recurso natural no renovable.

Guerra porque la construcción de las instalaciones, la exploración y explotación petrolera, en 40 años y, también ahora, con el Oleducto de Crudos Pesados (OCP) se han basado en la imposición y la militarización, en el chantaje, el engaño y la represión de las comunas y recintos de la región.

Guerra interna y anterior al "Plan Colombia", en la que el consorcio OCP no tiene reparo en propiciar la represión o la desestabilización contra quienes no aceptan sus condiciones. Guerra en la que los nuevos inversionistas del petróleo pagan salarios de hambre a los trabajadores y quieren alzarse con el santo y la limosna a cambio de compensaciones miserables frente a los miles de millones de dólares que su ambición espera lucrar en las próximas dos décadas.

Guerra política porque junto con las políticas explotadoras del petróleo se ha pisoteado la dignidad de las provincias nororientales.

Guerra económica y social, porque en el Ecuador, las provincias nororientales están a la cabeza de los índices de pobreza y desnutrición, de las tasas de mortalidad materna y de enfermedades prevenibles. Guerra inhumana porque la pobreza y el hambre matan igual que las balas y los misiles.

Guerra anterior a las fumigaciones indiscriminadas del "Plan Colombia", porque los precios del café, del maíz y del arroz, productos del pequeño agricultor, bajan y bajan sin tope. Un quintal de café está saliendo al mercado a menos de un dólar y el campesino prefiere "tirar el producto al camino antes que regalar su trabajo porque ese precio no cubre ni el pasaje". Guerra económica porque el Estado ecuatoriano es incapaz de proteger al agricultor pero, protege y mima a los banqueros corruptos.

Guerra económica porque la dolarización, a pesar de las interesadas declaraciones oficiales, ha venido arruinando la economía familiar, el pequeño comercio, el turismo y el crecimiento económico de la región.

La guerra comenzó antes del "Plan Colombia" porque a pesar de los altos ingresos brindados por la región al país, la mayor parte de la población no tiene agua potable ni carreteras ni electrificación ni alcantarillado ni servicios de basura ni educación digna ni servicios de salud adecuados.

Guerra de baja intensidad porque Sucumbíos y Orellana tienen menos del 50% de energía eléctrica necesaria, por culpa de la corrupción en la empresa eléctrica regional, dependiente del Fondo de Solidaridad, institución manejada por el Gobierno nacional.

La guerra contra la región comenzó antes del "Plan Colombia" y se profundiza con el éste.

La guerra atizada durante 40 años se profundiza porque las fumigaciones afectan más a la salud de la gente y ponen en jaque -más que antes-, la seguridad alimentaria de las familias de la frontera.

La guerra se profundiza porque la frontera no detiene a las bandas de sicarios ligados que, solo en enero del 2002, han asesinado a 12 personas en Sucumbíos, que se suman al centenar de muertos del 2001, a los secuestros, robos y atentados criminales, como el perpetrado contra el Prefecto provincial. Guerra en la que hay un velo de misterio sobre los autores y móviles de muertes y atentados, misterio que huele a impunidad; misterio que también rodea a los dos atentados contra la Policía de Sucumbíos en el 2001, explicados brevemente como "retaliaciones" de delincuentes.

La guerra en Sucumbíos se agrava con el "Plan Colombia" porque los ejércitos de ambos países y los grupos armados de Colombia, ponen entre la espada y la pared a las comunas y recintos, a los hombres y mujeres civiles. Se agrava porque entre el oleoducto y la línea de frontera colombo-ecuatoriana residen más de cien mil personas en riesgo de quedar desamparadas en una "tierra de nadie" en nombre de "guerra contra el terrorismo" y la "seguridad de los grandes objeticos nacionales".

Cien mil personas atrapadas entre los planes de guerra de Estados Unidos y la seguridad nacional para las instalaciones petroleras en Sucumbíos.

La guerra no comenzó con el "Plan Colombia" ni es exclusiva responsabilidad de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. La historia regional no puede ser desconocida u olvidada. El precio del olvido sería el indulto para la responsabilidad del Estado nacional -mejor-, de la sociedad nacional.

El Estado ecuatoriano y los gobiernos de los últimos 40 años deben responder por la guerra crónica contra la población de la región nororiental. Responder no es decir que las fumigaciones son inofensivas. Responder no es ofrecer obras de desarrollo que nunca llegan o que llegan a cuentagotas mediante la UDENOR o la USAID y sus aliadas. Responder no es decir que las incursiones de militares colombianos en territorio ecuatoriano son inventos de los afectados.

El Estado del Ecuador, garante de derechos según la Constitución y Estado suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe responder por la guerra de cuatro décadas contra la población del nororiente. Debe responder porque la guerra se profundiza con el "Plan Colombia".

El Estado ecuatoriano debe responder.

Carlos Terán Puente
Coordinador Pro Derechos Humanos - Ecuador